Nueva institucionalidad cultural: Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio

La Ley 21.045 representó un paso decisivo en la consolidación de la política cultural en Chile, al otorgar rango ministerial a la cultura y fortalecer su institucionalidad. Sus principios y objetivos reflejan un cambio de paradigma: pasar de una gestión fragmentada hacia una política integral que pone en el centro la diversidad cultural, la participación ciudadana y la protección del patrimonio.

Desde mi experiencia como docente en distintos contextos —ya sea con adultos mayores, en espacios de reinserción social como las cárceles, o en el trabajo creativo con niños y niñas— observé cómo la cultura actúa como herramienta de inclusión, diálogo y transformación social. En cada espacio, la participación cultural no solo acerca expresiones artísticas, sino que también abre oportunidades para el desarrollo humano, la reflexión crítica y la construcción de comunidad.

Del mismo modo, mi camino como artesano en cuero me ha permitido comprender que la creación artística no es un ejercicio aislado, sino una práctica enraizada en la memoria, los territorios y las identidades colectivas. Como gestor, veo en esta ley una posibilidad de articular los oficios, las artes y el patrimonio desde una institucionalidad que garantice su difusión y valoración, respetando la diversidad cultural del país.

Por lo tanto, reconozco que persisten desafíos prácticos: asegurar la sostenibilidad económica de los proyectos, descentralizar de manera efectiva los recursos y garantizar que los beneficios culturales lleguen realmente a las comunidades de origen. En este sentido, la Convención de la UNESCO (2005) ofrece un marco internacional que complementa la Ley 21.045, subrayando la necesidad de concebir la cultura como un derecho humano esencial, más allá del consumo, como un espacio de participación activa y co-creación comunitaria.

Finalmente, el éxito de esta nueva institucionalidad dependerá no solo de la voluntad política y de los recursos asignados, sino también de la capacidad de los gestores culturales de tener las competencias como señalan Lacarrieu y Álvarez (2002), Competencia en conocer diferentes marcos jurídicos y constitucionales y las diferentes realidades jurídicas de la propiedad intelectual a escala local e internacional. También los creadores, docentes, artesanos y comunidades de participar activamente en su construcción, haciendo de la cultura un verdadero motor de inclusión, identidad y democracia cultural en Chile.

Autor: Claudio Ovando León